¿Quién vigilará a los funcionarios que prometen “orden” en el Mundial?
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las autoridades mexicanas están prometiendo un evento seguro y sin incidentes. Roberto López Macías, comisario general de Seguridad Pública Municipal de Zapopan, ha declarado que se aplicará la ley a los extranjeros que cometan desmanes durante el torneo, incluso llegando a detenerlos en el “Torito”, un centro de detención provisional. Sin embargo, lo que llama la atención es la falta de transparencia en la forma en que se llevarán a cabo estas detenciones y si realmente se respetarán los derechos humanos de los detenidos. ¿Quién vigilará a los funcionarios para asegurarse de que no se cometan abusos de poder?
Según las declaraciones de López Macías, las autoridades municipales ya están en comunicación con las representaciones diplomáticas de varios países para saber qué requerirán sus connacionales durante su estancia en México. También se han reunido con los consulados de Canadá, Inglaterra, Argentina y Colombia para discutir las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, lo que no se menciona es cómo se llevará a cabo la identificación de personas en estado de ebriedad en zonas de riesgo, como gradas, palcos y accesos elevados del Estadio Akron, y qué procedimientos se seguirán para “extraerlos” si es necesario. ¿Se respetarán los derechos humanos de los detenidos o se les tratará como meros objetos de control?
La verdadera pregunta: ¿quiénes serán los verdaderos “desmanes” que se buscarán controlar?
Lo que realmente debería preocuparnos es quién defines qué es un “desmane” y quién decide quién es un “problema” que debe ser controlado. ¿Serán los manifestantes pacíficos que buscan expresar sus opiniones sobre temas sociales y políticos los que sean detenidos y llevados al “Torito”? ¿O serán los verdaderos delincuentes, como los que cometieron actos de violencia en el pasado, los que reciban un trato diferente? La ciudadanía debe estar atenta a cómo se desarrollen los eventos en el Mundial 2026 y exigir transparencia y respeto a los derechos humanos. No podemos permitir que se utilice la seguridad como pretexto para reprimir la libertad de expresión y la disidencia.
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